La gestión Milei bajo la lupa y las lecciones de la crisis del dengue
Javier Milei prioriza la ideología. El día a día sigue exhibiendo preocupantes baches, mientras algunas cifras de la economía señalan que se puede venir un nuevo ajuste.
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Pablo
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La crisis del dengue expuso las fisuras en el modelo de gestión que propone el gobierno de Javier Milei. Si el Estado es un enemigo a vencer, ese Estado no tiene que tener ningún tipo de intervención en la salud pública. Esa utopía que el Presidente tiene en su cabeza choca muchas veces contra la realidad del día a día.
A Javier Milei no le interesa esa temática. Su foco está puesto en la economía, el control de la inflación, la desregulación del mercado, el desmantelamiento de la (“opresiva”) estructura estatal y en la concreción del nuevo relato. El resto de los temas (menores) los delega en la persona de su máxima confianza, Karina Milei. En un segundo escalón, en Sandra Pettovello, la todopoderosa ministra de Capital Humano.
Por eso el área de Salud queda librado al azar. Mario Russo es un ministro que quedó sin paraguas político. Sus intenciones pueden ser mejores o peores, pero no llega a los oídos de quien tiene que tomar las decisiones: ni de la hermana del Presidente ni de su mejor amiga.
El Gobierno desoyó todas las advertencias respecto a la escalada de la crisis. La mayoría de los epidemiólogos vieron que la curva empezó a subir en octubre. Las consecuencias fueron claras:
La epidemia creció durante las dos últimas semanas de febrero y en marzo
Aumentaron los casos
Faltan reactivos en todo el país para detectar los positivos
Se instaló una confusa campaña a favor de imponer las vacunas en el calendario oficial
Quedó desabastecido el mercado de repelentes.
No hubo ninguna comunicación oficial nacional respecto a métodos alternativos de prevención.
¿Es culpa de Nación? No solamente. Muchos gobiernos locales estuvieron en los meses clave (septiembre, octubre) más preocupados en sus campañas que en prevenir el dengue.
La posición del ministro no es fácil, como no es fácil para cualquiera que haya llegado al Gobierno por fuera del riñón libertario. “Un funcionario tiene que entender primero la dimensión ideológica. Porque es un gobierno que primero ve la ideología y después cómo lo implementa y acciona sobre la realidad”, describe un exfuncionario que conoce los detalles de la gestión
El problema ideológico es que, según la concepción del Ejecutivo nacional, las provincias tienen que “tener el protagonismo” porque la Constitución delega en ellas la administración de la salud.
Dicho sea de paso: tanto las provincias como la Nación en 2023 (gobierno anterior) hicieron la plancha con este tema porque estaban de campaña.
“No queremos sacarnos el tema de encima. No es nuestro enfoque. La labor se tiene que hacer en el municipio”, dicen desde el Ministerio de Salud. En consonancia con la idea de Milei, hablan de cambio cultural y aseguran que no va a haber recortes ni en vacunas ni en medicamentos oncológicos. Se habla de “redefiniciones de competencias del ministerio”.
El tema es que la ideología no resuelve los problemas inmediatos, asumiendo que el Gobierno los vaya a resolver en el largo plazo. La gestión es clave para que se implementen los programas que se quieran llevar adelante.
La gestión, en jaque
Esta semana se lanzaron los vouchers educativos para alumnos de escuelas privadas: un bono de hasta 27 mil pesos para chicos en instituciones con subvención de más del 75%. El Gobierno lo lanza por ideología y por necesidad: si esos alumnos no pueden pagar su matrícula, van a “caer” en la escuela pública, que no tiene más capacidad de albergarlos. De todos modos, en el largo plazo la idea es reemplazar la escuela pública por un sistema de vouchers, según Milei prometió en campaña.
Se anunció que abrían la inscripción el 3 de abril. La página recién se habilitó por la tarde de ese día, y con infinitos problemas: se saturó el sistema, apareció gente que no se podía registrar porque les decía que el usuario ya existía, no se podía entrar a editar los datos…
El sistema de inscripción es el mismo que el de las becas Progresar, de mucha menor demanda simultánea. El viernes tuvieron que suspender la inscripción para mejorar el proceso.
El Gobierno cerró en los últimos días 60 oficinas de atención de ANSES en todo el país. Son dependencias que suelen estar llenas porque los jubilados demandan presencialidad. ANSES es una de las áreas que tiene demorados nombramientos. Tal es la descoordinación que tuvieron que desdoblar el pago de las jubilaciones de abril. Los jubilados de la mínima que en marzo cobraron $204.000 solo van a recibir en este tramo $134.445 y recién a partir del 17 de abril les van a pagar el resto. Para no ser indigente un jubilado necesita $104.483 pesos.
Las Agencias Territoriales del exministerio de Trabajo también están vaciadas. Servían para hacer denuncias por trabajo no registrado o anotarse para cursos de formación y capacitación laboral. Pero fundamentalmente eran las que tenían a su cargo el traspaso de los planes “Potenciar Trabajo” a los “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”. Debía hacerse el 1 de abril. Todavía está en veremos.
Se agregan otros potenciales peligros. La Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) cerró subdelegaciones en la mayoría de las provincias. Eso redunda en menos controles a los micros de media y larga distancia. ¿Quién se hace cargo si hay un accidente
Son algunos ejemplos.
El Gobierno ya no disfraza los despidos en el sector estatal. No echan “ñoquis” ni “militantes”. Simplemente, cesan en sus funciones a aquellos que “no tenían un trabajo muy definido”, como dijo Adorni. En muchos casos, son trabajadores a los que la propia dinámica de gobierno vació de tareas.
Un gobierno sin ley
La gestión no funciona, mezcla de impericia con compromiso ideológico. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, actúa como un CEO que controla la estructura gubernamental con más criterio administrativo que político. Hay pocos privilegiados que le conocen la voz. A fin de mes prometió ir al Senado a dar su primer informe de gestión e impresionar con sus cuerdas vocales. ¿Será un tenor o un barítono?
La falta de pericia también se ve en el trabajo en el Congreso. Solamente las leyes garantizan que los cambios que se proponen sean duraderos. Pero el Congreso no sesiona en un pacto político implícito entre Milei y la Casta.
El Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley para penar el adoctrinamiento en las escuelas. No queda claro si se va a poder denunciar al Presidente, que fue a una escuela a gritar “Viva La Libertad Carajo”. Todavía no ingresó el proyecto al Congreso ni hay plazo para eso.
Algo similar pasó con otros anuncios:
Ley para penalizar al funcionario que emita dinero para financiar al Tesoro y declararlo delito de lesa humanidad
Ley para que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico
La ley “anticasta” para prohibir la reelección de los sindicalistas
Ley para cambiar el Código Procesal Penal
Baja de edad de imputabilidad de menores
Desde el 10 de diciembre hasta acá, el Gobierno solo presentó 3 proyectos:
Ley bases
Cambios en el impuesto a las Ganancias (capítulo fiscal de la ley bases)
Permiso para ausentarse del país
Bastante poco para un gobierno que quiere refundar la Argentina.
El Ejecutivo sigue sin presentar la nueva “ley ómnibus”, que sería la antesala al Pacto de Mayo. Diputados de la oposición dialoguista ya se resignaron. “No hay fecha para tratarlo. El Pacto se puede firmar igual sin eso”, aclara un importante legislador radical. No es lo que dice Milei.
El Ejecutivo se entusiasma con tratarlo el 27 de abril en Diputados. Los más experimentados de la Cámara creen que no llegan. Y si llegaran, casi imposible que salga del Senado en tan poco tiempo.
El jueves pasado se reunieron los gobernadores de Juntos por el Cambio con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Antes de entrar al encuentro, Maxi Pullaro, gobernador de Santa Fe, insistió varias veces ante los micrófonos: “No hay propuesta, no tenemos propuesta. Venimos a escucharla”.
La cumbre duró una hora. Al salir repitió: “Es una buena ley que les sirve a las provincias y a la Nación. No está confeccionada del todo, faltan definir aspectos de la letra chica". Todos le piden al Gobierno que se apure.
Mientras tanto, la economía
En el Gobierno hay entusiasmo. La macroeconomía responde bien, al menos en el Excel.
El dólar perforó los $1000
El riesgo país perforó el piso de 1300 puntos básicos
Las reservas netas del Banco Central por primera vez dejaron de ser negativas (según la mirada del Gobierno)
La inflación de marzo (que se conoce este viernes) va a mostrar un número igual o menor que el de febrero, lo que consolida la desaceleración
Las inversiones, tarde o temprano, van a llegar, dicen.
La contracara:
La recaudación real cayó -según un estudio de Iaraf- un 16,3%
El IVA, que marca el pulso del consumo, bajó 14,8%
Los aportes a la seguridad social -marca el pulso de los salarios- bajó un 22%
Y todavía no computa el despido de trabajadores en sector privado ni público, ni el aumento de tarifas, que también va a tener un impacto en las otras variables.
El Gobierno va a tener que volver a ajustar para mantenerse en superávit, en un posible espiral interminable.
La pregunta siempre es si la opinión pública va a aguantar los sucesivos ajustes o si alguna otra crisis lo puede llevar puesto. Son los desafíos de un gobierno que juega siempre al límite.
Y de un Gobierno que cree que el Estado no está para gestionar la diaria, sino solamente para incentivar el libre funcionamiento de la economía. El péndulo es letal. Pasamos de un Gobierno -el de Alberto Fernández- que decidía intervenir en el mercado de figuritas del Mundial, a uno que se mantiene ausente en la crisis por la escasez de repelente.
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